Un grupo de reconocidos comunicadores y comunicadoras se mostró este viernes contrario a las pretensiones de modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y a que se condicionen las garantías constitucionales relacionadas con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En un documento firmado por Juan Bolívar Díaz, María Isabel Soldevilla, Miguel Guerrero, Jean Michel Caroit, Alicia Ortega, Manuel Quiterio Cedeño, Nuria Piera, Carmen Imbert Brugal, Huchi Lora, Adriana del Conte, Fausto Adames Rosario, Ramón Colombo, Altagracia Salazar y Ana Mitila Lora, los reconocidos informadores públicos manifiestan lo que sigue a continuación: “Los suscritos, comunicadores y comunicadoras sociales en ejercicio, ciudadanos y ciudadanas, deseamos expresar nuestra preocupación por la incomprensión que se manifiesta en esferas públicas frente a la labor de denuncia que realizan numerosos periodistas tanto en televisión y radio como en periódicos impresos y electrónicos”.
Durante una rueda de prensa convocada por los comunicadores y comunicadoras más arriba señalados, celebrada en el salón Multiuso de la AIRD, ubicado en la Torre Empresarial de la avenida Sarasota, los conocidos hombres y mujeres de la prensa indican que también resulta muy preocupante el que un diputado haya sometido un proyecto para limitar las garantías contenidas en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, cuyo reglamento fue emitido por decreto presidencial 130 del 2005.
El anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información es de la autoría del diputado del PLD por la provincia de Puerto Plata, Alfonso-Querido- Crisóstomo.
“Nuestra preocupación es todavía mayor ante el despropósito, evidentemente ligado a lo anterior, de algunos legisladores que pretenden consagrar constitucionalmente como prerrogativa estatal calificar cuándo una nota periodística es o no “información veraz”, lo que nos sitúa ante el peligro de la censura previa, odiosa práctica de la libertad de expresión superada en nuestro país desde la caída del régimen de Trujillo”, destaca el documento entregado a los periodistas.
Significa, asimismo, que es necesario recordar que la Ley 200-04 fue fruto de varios años de consultas con expertos de organismos internacionales y de concertaciones entre instituciones gubernamentales y sociales empeñadas en la lucha contra todo género de malversación de los recursos estatales, objeto de denuncias no sólo de dirigentes de la sociedad civil, sino también de líderes de los partidos políticos siempre que están en la oposición al gobierno de turno.
El grupo de comunicadores y comunicadoras precisa además, que como indica en su mismo texto, esta ley se fundamente en el inciso 10, artículo 8 de la Constitución de la República, en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en dos enunciados del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de los que la República Dominicana es signataria.
Resaltan, asimismo, que legislaciones similares han proliferado en las últimas décadas en todos los países donde se ha expresado la firme voluntad de reducir la malversación de los recursos del Estado.
Explican que en su artículo 17 la Ley 200-04 contiene una docena de limitaciones, incluyendo la información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado, y en vez de mayores restricciones debería ser objeto de ampliaciones para que cumpla su objetivo.
“Deploramos la reticencia de numerosos funcionarios públicos, legisladores y políticos a acogerse a los mandatos de esta ley y su reglamento, expresión de nuestras debilidades institucionales, y ratificamos nuestra voluntad de proseguir apelando a ésta cada vez que se nos niege información de interés público trascendente. Es una responsabilidad que queremos ratificar de conjunto para rechazar los intentos de personalizar y neutralizar las labores periodísticas individuales”, terminan apuntando los reconocidos comunicadores y comunicadoras en su manifiesto.
Autor: GILBERTO HERNÁNDEZ
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