domingo, 27 de diciembre de 2009

VIOLENCIA: Organismos de derechos humanos denuncian a nivel internacional los abusos de la Policía Nacional

La CNDH establece que además de las más de 400 muertes en "intercambios de disparos", este año se documentaron torturas en destacamentos policiales

Panky Corcino/Clave Digital

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- República Dominicana será cuestionada en 2010 por organismos internacionales de Derechos Humanos que recibieron los reportes sobre las más de 400 personas que resultaron muertas en los denominados intercambios de disparos protagonizados por agentes policiales y que, en muchos casos, se consideran ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes.

Así lo considera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, quien asegura que ese organismo reportó las ejecuciones extrajudiciales y los abusos policiales a diversos organismos del exterior. Entre esas instancias cita a las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Plataforma Interamericana de Derecho Humanos, Democracia y Desarrollo y la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

“También hemos notificado los casos a las comisiones de Derechos Humanos de Centroamérica y El Caribe”, afirma Mercedes. A las supuestas ejecuciones extrajudiciales se suma el hecho de que varios ciudadanos denunciaron este año que fueron víctimas de torturas en algunos destacamentos policiales, entre los que se citan al de Villas Agrícolas y Los Frailes, en donde fueron golpeados y vejados Pedro Aníbal Martínez Taveras, de 44 años, y Nelson Enrique Olivo, de 60.

El informe de la CNDH establece que hasta agosto de 2009 se habían registrado oficialmente cerca de 1,800 muertes. “Sólo en los denominados intercambios de disparos han muerto cerca de 400 personas”, dice.

“En una gran mayoría de esos casos se han presentado evidencias gráficas de que los muertos fueron apresados con vida y luego ejecutados, provocando el levantamiento de las comunidades”, apunta el informe.

Los datos de la Procuraduría General son más conservadores y sitúan en 254 las muertes de civiles caídos en “acción policial” entre enero y septiembre de este año. Una revisión a los medios informativos arroja que desde octubre a la fecha agentes de la Policía mataron o hirieron de balas a más de 50 personas.

Entre las muertes que más impactaron figuran las de Cecilio Díaz (Manuel) y William Batista Checo, dos de los presuntos secuestradores de Eduardo Baldera Gómez, el joven de la ciudad de Nagua que permaneció 22 días en manos de su captores y se escapó de forma milagrosa.

Una comisión de la Procuraduría General determinó que Díaz y Batista Checo habían sido ejecutados por un comando élite de la Policía, integrado por oficiales y suboficiales que desempeñaban distintas funciones en diversas ciudades del país. La CNDH y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos aseguran que someterán ante los tribunales al jefe del organismo, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, en calidad de “autor intelectual y cómplice” de la muerte de los dos sospechosos.

Sin embargo, el secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier salió en defensa de los agentes imputados del crimen de Díaz y Batista Checo, bajo el alegato de que no se trató de una ejecución extrajudicial. “Pero la Comisión (de la Procuraduría) dijo que hubo una ejecución y yo en ese expediente no veo pruebas, indicios de ejecución”, aseguró el funcionario. “Si fue una acción legal de la Policía o si fue una ejecución, es una decisión del tribunal, no puede ser una decisión extrajudicial”, insistió el funcionario cuando anunció que el Gobierno defendería a los policías imputados.

Desaparición

Otra de las denuncias que pesan sobre el accionar del Gobierno es la desaparición de Juan Almonte Herrera, un contable ligado a grupos de izquierda, cuyo paradero se ignora desde el 28 de septiembre. Su familia alega que agentes policiales lo secuestraron cerca de su trabajo, la empresa Guardianes Rangers, ubicada en la Zona Universitaria de la capital. La Policía lo perseguía en relación al secuestro de Baldera Gómez.

También María Magdalena Díaz Osorio, de 22 años, hija del presunto secuestrador Díaz, desapareció un fin de semana al cabo del cual denunció que estuvo secuestrada y en manos de agentes policiales que investigaban el caso de Baldera Gómez.

También impactaron las muertes, a manos de agentes policiales, de dos jóvenes que fueron baleados en dos hospitales públicos. La primera de estas víctimas fue el motoconchista Lisandro Cuevas Ferreras, atacado el sábado 17 de noviembre en el centro de salud de Palenque, San Cristóbal, después de un desalojo en el que había resultado herido.

La segunda víctima, Anderson Rafael Portorreal (Rafy), de 19 años, cayó baleada por agentes policiales en el hospital de Los Billeteros de esta capital, en presencia de su madre, Arelis Beras Ureña, de 37. El hecho ocurrió la mañana del lunes 23 de noviembre cuando acudió al centro para dar seguimiento al tratamiento médico de una cirugía de colon.

LOS ÚLTIMOS CAÍDOS

Solange Dalton Vicente, de 30 años, murió el 11 de noviembre tras recibir una bala disparada por el sargento Miguel Villanueva Rivas, quien perseguía a un supuesto ladrón. La mujer estaba frente a su casa, en la calle 10 de Las Cañitas, en esta capital. Entre las últimas víctimas de la Policía figura además Marino Hernández Moronta, de 41 años, baleado en San Francisco de Macorís el pasado domingo 20. La Policía asegura que se trató de un intercambio de disparos en el que resultó herido el sargento Milton Cruz Taveras. Mientras la Policía amplía el número de víctimas de supuestos intercambios de disparos, el Gobierno lamentó los informes "de participación de individuos en ejecuciones sumarias”, al comparecer a principio de diciembre a la reunión celebrada en Ginebra por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. La delegación del país presentó como un logro el hecho de que no se reportaran casos de crímenes políticos o desapariciones entre 2003 y 2008.

Respecto a las torturas aseguró que “el Gobierno ha tomado acción personal para combatir estos abusos y asegurar que no se repitan”.

“Trabajamos para versi antes de que finalice 2009 podemos someter a la justicia al jefe de la Policía".

Manuel María Mercedes

Presidente de la CNDH

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