Por: JOSÉ ANTONIO TORRES/El Nacional
Las
decisiones de dos jueces de poner en libertad a varios acusados de asesinatos por encargo ha provocado la repulsa de la sociedad y el cuestionamiento del sistema judicial dominicano.
El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el jefe de
Algunos opinan que pareció un plan en el que se aprovechó la atención de la población sobre la tragedia de Haití, para poner en libertad a personas que fiscales involucran en asesinatos y distribución de drogas.
Una de las decisiones, altamente cuestionadas, fue la del magistrado José Alejandro Vargas, del Distrito Nacional, que ayer ordenó la libertad de Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), acusado de asesinar al español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki).
En otro caso, el juez del Tercer Juzgado de
El grupo de favorecidos lo encabeza Miguel Alfonseca Soto, hijo de una diputada de Cotuí, además Miguel Angel Matos, Joel Bautista Felipe Guarocuya Hernández, Rafael Pimentel Beltré, Enjer Mejía Mañón, Víctor Manuel Fernández, Daniel de los Santos, Deivi Martínez Moreta y Carlos Miguel Zabala.
El juez Vargas
De este magistrado se dice que obvió que contra Quirinito hay un juicio en curso en San Cristóbal y que el juez de allí había ordenado la semana pasada prisión preventiva.
Los abogados de Quirinito son los doctores Joaquín Benizario, quien también asiste al narcotraficante Emilio Mesa Beltré (El Gringo), y Freddy Castillo, quien llevó el caso del extraditado Quirino Ernesto Paulino Castillo, y argumentaron en la audiencia que contra su cliente no había sometimiento en el Distrito Nacional.
Quirinito había sido trasladado desde San Cristóbal, donde tiene un caso pendiente por asesinato, a una cárcel del Distrito Nacional por razones de seguridad. El juez Vargas reclamó a los custodios del acusado que lo dejaran en libertad en la sala de audiencia, lo que fue rechazado por el oficial a cargo, quien ordenó dejarlo en una celda del Palacio de Justicia.
El acusado fue traído a la cárcel del Palacio de Justicia el pasado viernes porque el Ministerio Público de San Cristóbal entendía que era peligroso tenerlo junto al co-imputado Jovanny Antonio Padilla Santiago, y/o Margaro Morel Otaño, y/o Rumaldo Fernández, porque éste había confesado cómo ellos habrían asesinado al español Cervantes Arellano (Waikiki) por orden de un narcotraficante de Santo Domingo.
El juez del Rosario
El Ministerio Público acusó al grupo que encabeza Alfonseca Soto de asesinar a 12 personas y herir a otras siete, incluyendo a los cuatro hombres encontrados con balazos en la nuca en un camino vecinal de Pedro Brand, próximo a la autopista Duarte.
El grupo favorecido por el magistrado Del Rosario está acusado de asesinar a doce personas por encargo de narcotraficantes que pagaban para eso.
El expediente contra ellos está sustentado en la ejecución de Ramón Paulino Valdez, Carlos Manuel Vicente Rivas, Heibin Noel Díaz y Juan Díaz Serrano, quienes supuestamente delataron un cargamento de cocaína camuflado de yautía.
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