PARTIDOS/POLÍTICA: Ciudadano usa Ley 200-04 para obligar al PRD a informar las fuentes y el uso de su dinero

Cuando Allan de Jesús Tiburcio Andrickson solicitó información pública a funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, amparado en la misma ley, lo tildaron de perredeísta.

Linabel Aybar Rivas/Clave Digital

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ciudadano Allan de Jesús Tiburcio Andrickson interpuso un recurso de amparo contra el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), porque esa organización le negado hasta el momento la información que solicitó relativa a la lista de sus contribuyentes públicos y privados, la cantidad de dinero que recibe y cómo lo usa.

Tiburcio Andrikson basado en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública hizo la solicitud el pasado 10 de septiembre y hasta el momento la única respuesta que ha recibido del PRD es que “se perdió la carta” que él había enviado para hacer el pedido de información.

“La carta fue recibida por Yaneli Ozuna, secretaria de la Casa Nacional del PRD; la joven me dio su nombre y el teléfono de la presidencia de ese partido”, aseguró el ciudadano de 45 años, quien es licenciado en Administración de Empresas, y se ha dedicado a hacer valer la Ley 200-04 reclamando a instituciones del Estado y a los partidos que hagan transparente sus estados de cuentas, la administración de los recursos y sus nóminas.

Allan de Jesús afirmó que cuando fue al PRD para averiguar si se le habían dado curso a su solicitud, recibió la información de que su carta se había perdido, por lo que se sintió muy mal y procedió a interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Tributario, Contencioso y Administrativo.

El recurso se conocerá en la Segunda Sala de dicho tribunal, encabezada por la magistrada Yadira de Moya Kunhardt este miércoles 28 de octubre a las 9:00 de la mañana.

“Autoriza a citar al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a la Procuraduría General de la República y a la Junta Central Electoral”, explica el auto de citación de las partes que emite el tribunal.

En la solicitud al PRD, el ciudadano solicita dos cosas, primero “Listado exhaustivo de la identidad de los contribuyentes desde el 1ro de enero del 2008 al 31 de agosto del 2009, a nivel nacional y mayores a la suma de mil pesos por año”.

El segundo documento que solicita el joven son los montos que recibió el PRD de la Junta Central Electoral y el destino de esos recursos en cuanto a manejo y operación en esa misma fecha.

La comunicación que Tiburcio Andrikson envía a al PRD, indica que su interés es saber el nivel de transparencia de los diferentes partidos políticos, para tener gobiernos honestos en la República Dominicana.

“La idea es que a través de esta ley de transparencia, el ciudadano le exija a los gobiernos que gobiernen bien para que sean menos corruptos y tengamos las cosas que merezcamos tener como dominicano”, sostuvo Tiburcio Andrikson al expresar las motivaciones de su solicitud.

Tiburcio Andrikson, un ciudadano común que afirma nunca ha estado en un tribunal, dice que la satisfacción final será que el ciudadano sepa que tiene derecho de poder exigirle a nuestros gobernantes y a los que aspiran a gobernar que hagan las cosas correctamente.

El ciudadano afirma que también se le ha negado información en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, en Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE), en al Junta Central Electoral (JCE), en el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en la Superintendencia de Seguros, entre otras entidades.

Recientemente, cuando Allan de Jesús Tiburcio Andrickson solicitó información pública a funcionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, amparado en la misma ley, lo tildaron de perredeísta, por lo que a nadie sorprendería que en esta ocasión los del PRD lo acusen de peledeísta.

La Ley 200-04 faculta a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas a solicitar información en las instituciones del Estado y en todas las que reciben y administran dinero de los fondos públicos o que estén relacionadas con la función pública, como son los partidos políticos.